“Yo hice una compra pero pensé que era una promoción de una de las compañías”, confesó uno de ellos a FloridAdiariO.El cliente solicitó el anonimato. Pero son varios como él los que ahora se preguntan que pasará. Es que al igual que alguien que compra objetos robados, podrían incurrir en un delito.

El jefe de Policía de Maldonado, Juan Daniel Balbis, dijo a El País que los estafadores concretaron más de 3.000 operaciones de recarga por importes de $ 500 a $ 1.000, por los cuales recibieron alrededor de la quinta parte.

Todo aquel que accede a un bien robado, puede ser castigado con pena de penitenciaría.

Esto implica que todos aquellos que pagaron $ 200 por cargar $ 1.000 en su celular estaban al tanto de que alguna maniobra ilegal estaba en medio del negocio.

Si bien se trata de un servicio, en este caso se daría lo que ocurre en la venta de artículos robados como cuando alguien paga la décima parte del valor de un bien físico.

Todo aquel que accede a un bien robado, puede ser castigado con pena de penitenciaría.

Fuentes del caso señalaron que todos aquellos que recargaron los celulares por la quinta parte de lo que valía no recibieron, ni exigieron recibo de pago alguno lo que comprobaría su conocimiento del ilícito.

El juez penal Gabriel Ohanian, a cargo del juicio, apunta ahora a identificar y lograr la extradición de los hackers de presunta nacionalidad argentina que aportaban a su contraparte uruguaya los datos de las tarjetas de crédito para pagar las recargas a las empresas prestadoras de los servicios de telefonía celular del país. El pedido de captura internacional será tramitado en los próximos días vía Interpol.

 

FLORIDA. En las últimas horas se recibieron varias llamadas “averiguando” que pasaría con los clientes que había en Florida.

“Uno pagaba 200 o 500 pesos por el doble. Pero eso pasaba cada tanto con las promociones de las empresas telefónicas que hacían recargas dobles”, defendió el cliente al cual accedió FloridAdiariO bajo pedido de reserva.

Según esta persona, “había varios clientes en Florida pero nadie pensaba que era una operativa como esa sino que accedían al sistema de descuentos de otra manera”, indicó.

Pese a esta “defensa” se estima que muchos de los involucrados conocían la maniobra, “ya que no todos sabían de esto”, se indicó.

Aunque el Poder Judicial no tiene los medios humanos, ni físicos para enjuiciar a los centenares de personas que de una forma ilegal recargaron a precios de remate sus servicios telefónicos ello no descarta que puedan haber indagados.

Así, el caso podría alcanzar cifras récord en cantidad de indagados si las empresas de telefonía celular identifican los números de teléfono que fueron empleados para cargar los importes. Todo depende del pedido del juez.