Por Emilio Martínez Muracciole

Los ediles Torres y Mederos, consultando un expediente a votar en la Junta. Foto: FD.
Los ediles Torres y Mederos, consultando un expediente a votar en la Junta. Foto: FD.

Un edil blanco, según la afirmación de uno de sus compañeros de bancada a través de twitter, “huyó como una rata” de la sesión de la Junta Departamental de Florida del lunes pasado, cuando se votaba el proyecto de Modificación Presupuestal del cuerpo, correspondiente al ejercicio 2013-2015. Es la misma Junta Departamental en la que, hace un par de semanas, un curul del Frente Amplio le pidió al presidente que compre un espirómetro para impedir el ingreso a sala de aquellos pares que su encuentren alcoholizados, algo que el reglamento interno no prohíbe. En todo caso señala que no se podrá entrar armado, y que el miembro debe “guardar conducta social digna y decorosa, a dignificar el carácter de edil”. A la propuesta del frenteamplista una par nacionalista le respondió con otra iniciativa: una pericia sicológica.

No son escenas aisladas; suele ocurrir en el deliberativo departamental. En lo personal me ayudan a entender por qué hace algunos años no me impulsa la menor de las energías para asistir a la Junta cuando se aborda algún tema de cierta trascendencia. Tiene sentido.

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No es nuevo y le pasa a más de uno. Sucede también que se agregan elementos. Ha ocurrido en esta última gestión departamental que un tanto por razones personales y otro tanto porque el Frente Amplio se preparó para ganar las elecciones de 2010 y despreocuparse del deliberativo, la bancada de la oposición carece de sus referentes de otros períodos: Eduardo Riviezzi, Carlos Rodríguez Galvez y Servando Echeverría, por citar los ejemplos más claros de quienes procesaban los temas y llegaban a las reuniones con un flujo de información y razonamiento suficiente como para contaminar y contagiar a sus compañeros de bancada. En el Partido Nacional el propio intendente ha ido desnutriendo su bancada, absorbiendo a muchos de los ediles electos para ocupar cargos en el Ejecutivo. Persisten todavía algunas pocas piezas relevantes, quizás la más notoria sea el actual presidente, Jesús Bentancor. El Partido Colorado se dio el lujo de no tener a Pablo Lanz, y con los nuevos incentivos de los municipios Luis Oliva pasó a ser alcalde. Conserva sí a Javier Fernández, que pese a que no pocas veces se ha sumado al bloque de votación nacionalista, por momentos es la voz más clara desde la oposición a la administración Enciso.

En síntesis: no es que esté raquítica, pero la Junta, por todos lados, es frágil. Demasiado frágil para ser un contrapoder.

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Ignacio Costa Dodera fue el que dijo que un compañero suyo “huyó como una rata”. Se refería a Ludemar Torres, quien se retiró de sala cuando era votada la modificación presupuestal. El Partido Nacional creía tener asegurados sus 16 votos, llegando con los tres colorados a los 19 necesarios para la mayoría especial de tres quintos prevista en el literal B del capítulo II del Reglamento Interno. Según Costa Dodera, un mandato de Marcos Pérez, referente del grupo que integra Torres, fue lo que motivó la salida de sala y la consecuente pérdida de la mayoría. Como no estaban los votos, el PN pidió un cuarto intermedio hasta el jueves.  Costa Dodera sugiere que Pérez generó una traba “para negociar” cargos. Pérez respondió que a Costa “se le va la moto”. Torres se llamó a silencio, al tiempo que el jefe de Servicios Varios de la Intendencia Departamental de Florida (IDF), el militante nacionalista Luis Bilbao, le respondió a Costa que “los ediles pueden tomar decisiones por sentido común y no por mandato”, y sugirió que “quizás el edil Torres simplemente no estaba de acuerdo y se retiró por eso”.

De esto, aunque con varios actores más, se ha venido hablando en las últimas horas. Qué se votó y qué queda por votar, parece estar en un segundo plano. “¿Ahora entienden por qué detesto la política? Por los politiqueros nefastos que siempre buscan ‘la suya’. Impresentables”, escribió, pese a ser un dirigente político y ocupar un cargo electivo, Ignacio Costa Dodera.

Costa Dodera ha sido, tal vez después de Jacqueline Dárdano, de los más conocidos integrantes de la Junta Departamental de Florida a nivel nacional mientras forma parte del cuerpo. En este caso por sus comentarios en redes sociales, que han ido desde protestas a la carga impositiva de una hamburguesa en el Este “para darles a vagos y borrachos” (en alusión a beneficiarios de planes sociales del MIDES), hasta manifestaciones homofóbicas. Este párrafo, así como el primero de este artículo, no son la Junta Departamental (a la que pertenecen queridos y valorados conocidos, amigos y hasta familiares en los diferentes partidos). Este párrafo y el primero no son la Junta Departamental, pero creo que podrían ser fotografías de la Junta.

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Mientras nos obnubilamos con sus fotografías, la Junta Departamental sigue resolviendo asuntos no menores. Por estas horas lo que tiene por resolver es una presupuestación que incluye el ingreso a la plantilla fija de los dos abogados asesores. El primero de ellos, Cipriano Curuchet, llegó propuesto por el Colegio de Abogados en 2008, cuando con celeridad el cuerpo debía contratar un asesor letrado ante la licencia de Jorge Hernández. El acuerdo era una contratación por tres meses, mientras se preparaba un concurso. El concurso se fue postergando, y a Curuchet se le prorrogó el contrato. Ocurrió dos veces. El mismo Colegio de Abogados que lo había propuesto reclamó ante la Junta que en lugar de contratar a Curuchet, llamara a concurso. Nunca ocurrió, porque si bien lo propuso el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado se opusieron a que haya un concurso para definir el ingreso de un profesional a la administración pública. Para que no haya concurso pusieron sus 15 votos, sumándose a ellos, para llegar a 16, el de la entonces presidenta del cuerpo, Jacqueline Dárdano, hoy directora de Desarrollo Social de Enciso. Los ediles frenteamplistas se ofuscaron porque esa misma noche vieron a Curuchet, flamante asesor letrado con un contrato más sólido, departiendo con curules blancos en un café de la ciudad. “Se ve que estaba celebrando”, comentaron en aquel entonces.

El otro abogado que se pretende presupuestar es Ruben Alexis del Castillo. Es un caso bastante diferente. Pese a que, con Curuchet, la Junta ya tenía un asesor letrado, el Partido Nacional propuso un asesor directo del presidente del cuerpo. Sería un cargo de confianza. Podrá objetarse que se haya creado ese cargo, pero si están los votos, es válido y legal, sin importar quién es e independientemente de las lecturas que se puedan hacer acerca de quién es y por qué está allí. En todo caso podría señalarse que no es lo adecuado que un cargo de particular confianza del presidente del cuerpo sea contratado por períodos superiores a los que el presidente suele estar en el cargo. El abogado que ocupe el cargo, sea quien sea, debería caer con el cambio de presidente, tal como ocurre con los cargos de confianza del Ejecutivo.
La presupuestación que la JDF trató por estas horas, buscó que ese cargo dejara de ser de confianza, y que la persona que ingresó por “particular confianza” de un ex presidente quedase definitivamente como un funcionario, en este caso como asesor letrado de la Junta. Se repite así algo ocurrido en la década del ’90  cuando los partidos tradicionales presupuestaron secretarios de bancada. Aquella iniciativa pretendió inicialmente presupuestar también al secretario del Frente Amplio, Clemente Rodríguez. Pero no sólo el FA se opuso, sino el propio Rodríguez, que entendió que no tenía por qué quedar “remachado” como funcionario de la Junta si lo que él estaba ocupando en ese momento era un cargo de confianza política que debía caducar cada cinco años o incluso antes, de perder la confianza de su partido.

Esta presupuestación, la de los asesores letrados en 2013, que se suma a una amplia lista de presupuestaciones descritas en el distribuido 25/13 de la JDF (ver distribuido), también fue rechazada por el Colegio de Abogados de Florida. Éste entendió que “el proyecto contraviene un principio fundamental consagrado en el artículo 8 de la Constitución Nacional como lo es el principio de igualdad ante los cargos públicos”, entre otros aspectos.
La postura del Colegio, que aparece como bastante contundente e incluso algo incómoda por enfrentarse a los intereses particulares de dos colegas, parece que no está en este álbum de fotos o figuritas con el que andamos todos obnubilados. Una declaración de estas características parece, en todo caso, una figurita difícil.