El nombre de Williard González, exdirector de la Dirección Nacional de Seguridad Rural, vuelve a ocupar los titulares, pero esta vez desde una posición distinta.

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Segundo Turno ha revocado la formalización que lo vinculaba con el presunto encubrimiento de delitos de abigeato y faena clandestina en Tacuarembó. Además, decidió archivar los antecedentes, poniendo fin a un caso que marcó la carrera de tres policías, incluido el propio González. 

La acusación, que en su momento generó su destitución por parte del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, queda ahora en entredicho. Según el fallo del Tribunal, las pruebas presentadas por la Fiscalía de Paso de los Toros carecían de objetividad y no justificaban las imputaciones.

“Esto demuestra que era dudosa la existencia del delito que se me imputaba. Aunque me siento tranquilo por el fallo, los daños ocasionados no tienen vuelta atrás”, dijo Williard González.

El exjerarca destacó que este desenlace no solo le devuelve tranquilidad a él y a su familia, sino también a quienes siempre confiaron en su integridad. Sin embargo, subrayó el impacto emocional y profesional que el caso dejó en su vida y en la de los otros involucrados.

González, visiblemente emocionado, apuntó: “Voy a iniciar acciones legales por la vía civil. Pero aclaro: no hay dinero que compense el daño psicológico y moral que sufrimos, especialmente el oficial más joven, cuya carrera apenas comenzaba”

Durante su gestión al frente de la Dirección Nacional de Seguridad Rural, González lideró una reducción del 50% en los casos de abigeato, un logro que ahora busca reivindicar públicamente. Adelantó su intención de recorrer el país para exponer su experiencia y fortalecer la confianza en el sistema de justicia.

“Lo que coseché durante esos años fueron contactos con productores rurales. Ellos merecen saber la verdad, porque este caso también cuestionó el trabajo de una dirección que siempre actuó dentro de la legalidad.”

La decisión del Tribunal marca un giro inesperado en un caso que no solo afecta a González, sino que pone en tela de juicio los procesos judiciales y el impacto que estos pueden tener en las vidas de quienes enfrentan acusaciones sin fundamentos sólidos.

Un capítulo que, aunque cerrado en lo penal, promete generar otras consecuencias en el ámbito legal y social del país.