El caso de Luis Bilbao, recientemente formalizado por el delito de soborno, se remonta a una serie de investigaciones administrativas y judiciales que comenzaron hace casi un año, detalló el ex fiscal y actual Director de Jurídica de la Intendencia.
La denuncia inicial fue presentada el 16 de junio de 2023 por el secretario general de la comuna, Marco Pérez, lo que dio pie a una investigación interna en la Intendencia de Florida.
Durante esta pesquisa, se determinó que un funcionario público habría recibido una suma de dinero de un particular a cambio de la promesa de gestionar un trámite administrativo que, en realidad, no estaba dentro de sus atribuciones.
El proceso administrativo incluyó un análisis exhaustivo del expediente por parte de la dirección jurídica de la Intendencia y la doctora Adriana Bruno, quienes concluyeron que no existían pruebas sobre la falta de materiales o herramientas en la administración, pero sí quedaba demostrado que el funcionario implicado había cobrado dinero por un servicio que no podía garantizar. Al respecto, el director de Jurídica, Fernando Pérez D’Auria, declaró:
«Lo que sí surgió en forma colateral es que un funcionario público de la Intendencia habría cobrado a un particular determinada cantidad de dinero por hacer un trámite administrativo, cosa que definitivamente era imposible que pudiera hacer».
Ante la gravedad de los hechos, el intendente decidió iniciar un sumario administrativo con separación del cargo y reducción del 50% del salario del involucrado. El procedimiento culminó el 16 de mayo de 2024 con la destitución del funcionario, al haberse comprobado que incurrió en una falta gravísima. Sobre la resolución, Pérez D’Auria explicó: «El sumario administrativo concluye con resolución del Ejecutivo del 16 de mayo de 2024, por el cual se destituye al funcionario en cuestión por haber incurrido en una falta gravísima. Esto es, haberle cobrado a un particular determinada suma de dinero para efectuar una gestión ante la comuna».
La justicia penal continuó con su propio proceso y, tras meses de investigación, se resolvió la formalización de Bilbao.
¿SUSPICAZ?
El director detalló que en todo momento se elevaron los informes y destacó que el fiscal Hermes Antúnez estuvo al tanto de todas las instancias del caso, recibiendo incluso copias de los expedientes y las resoluciones de la Intendencia. Pérez D’Auria afirmó:
«Convengamos que hace un año que el fiscal sabe que el funcionario en cuestión fue destituido».
Ahora, con la formalización en marcha, la decisión final queda en manos del sistema judicial.
FloridAdiariO 