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Mientras que el Frente Amplio resolvió aprobar en Cámara de Senadores el proyecto de ley de Responsabilidad Penal del Empleador, las cámaras empresariales alzaron su voz de alerta por la entrada en vigencia de la ley. El Centro Comercial de Florida entró en sesión permanente.

Los senadores aprobaron votar la ley tal como venía redactada de diputados, en medio de críticas por algunos de los artículos que preocupan al empresariado pero por los cuales reclaman los obreros.

“La resolución fue aprobada finalmente por “unanimidad”, aunque durante la votación interna siete de los 16 senadores frenteamplistas se mostraron partidarios de modificar el texto y colocar el adjetivo “deliberada” al delito de omisión a las normas y reglamentos de seguridad laboral mencionado en el proyecto”, destaca este martes el matutino La Diaria. También se debaten los elementos de inconstitucionalidad, y obviamente con opiniones divididas y a la espera que “más adelante” puedan hacerse cambios.

¿FUE PENAL? El Centro Comercial e Industrial de Florida rechazó en las últimas horas la ley de “Responsabilidad Penal del Empleador en caso de Accidentes Laborales”, advirtió por la afectación a la actividad, y anunció que está en sesión permanente.

La gremial comercial floridense se adhirió así al comunicado realizado por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay respecto de la ley que hoy será votada en la Cámara de Senadores.

“Se comparte el objetivo enunciado en la misma de reducir los accidentes laborales que traen como resultado lesiones o muertes de trabajadores (pero) el proyecto aludido no cumple con dicho objetivo dado que no establece condiciones de prevención de los mismos, que requerirían el análisis de los riesgos, la capacitación y educación de todos los involucrados”, dice el comunicado empresarial en sus primeros puntos.

Señala que, por el contrario, “crea un delito empresarial de peligro que para su configuración basta que no se adopten los medios de resguardo y seguridad laboral a pesar de ya existir previsiones en el actual Código Penal”.

Para los empresarios, la nueva ley “modifica el seguro obligatorio de accidentes de trabajo a cargo del Banco de Seguros del Estado” y crea “un área monopólica, reduciendo significativamente la cobertura del riesgo que el mismo debería brindar a los empresarios trasladándoles los costos de los recuperos”.

Sostiene que además “establece potestades específicas de denuncia y seguimiento a los damnificados de accidentes laborales, ubicándolos en una situación distinta en el proceso penal que al resto de los ciudadanos en otras situaciones de accidentes”.

Y se quejan de que “este proyecto de ley no ha tomado en cuenta las propuestas efectuadas al Parlamento y al PIT-CNT, realizadas por el sector empresarial”.

Consideran que “se incumple con las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ni resulta meridianamente claro que la misma se aplique al sector público o al Estado, máximo empleador en nuestro país, lo que consagraría una diferencia entre los trabajadores públicos y privados que no tienen ningún sustento”.

El comercio advierte que “en caso de que este proyecto se convierta en ley afectará el desarrollo de la actividad empresarial, en especial a los micro y pequeños empresarios y a empleadores de servicio doméstico, entre otros, quienes disponen de menores recursos para la prevención de los accidentes y eventualmente para la defensa de sus derechos”.

Así, “rechazan esta iniciativa parlamentaria promovida por el movimiento sindical, sin la debida consideración de alternativas orientadas a la generación de una verdadera “cultura de prevención” que involucre a todos los actores sociales”.

Por otra parte, las cámaras, centros comerciales y asociaciones empresariales en representación de las más de 260.000 empleadores, se declararon en sesión permanente.

SE MUEREN. Mientras tanto, el Sunca sigue en su fuerte campaña sobre las muertes laborales y las responsabilidades de los empleadores. Recuerdan que mueren en promedio nueve obreros por año en accidentes laborales.

Solo en la construcción ocurren un promedio de 8000 accidentes por año, y se registran más de 50.000 accidentes laborales en todas las ramas. Lamentablemente, recuerdan que las autoridades solo investigan el 50% de los casos mortales.

El Sunca sostiene así que “la legislación actual no alcanza para disminuir los siniestros” y que la responsabilidad penal sea el último recurso.