El joven admitió su responsabilidad en el ataque ocurrido en julio de 2026, el cual fue ejecutado a cambio de un pago económico tras una disputa barrial previa.

La Fiscalía de Adolescentes de Montevideo de 3er. Turno, a cargo del fiscal titular Raúl Iglesias y la fiscal adscripta Virginia Gandós, logró la responsabilización de un adolescente por cinco infracciones gravísimas calificadas como homicidios muy especialmente agravados. Los delitos se tipificaron por el pago de un precio o promesa remuneratoria y por reincidencia, en régimen de reiteración real.

El violento episodio ocurrió la mañana del 10 de julio de 2026 en una vivienda situada en el barrio El Monarca. Según la investigación oficial, cuatro atacantes llegaron al lugar en dos motocicletas, utilizando vestimenta de trabajo con elementos reflectivos y cascos para ocultar su identidad. Tras saltar un muro perimetral, ingresaron a la finca y abrieron fuego contra las personas presentes. El ataque fue fulminante: cuatro víctimas murieron dentro de la casa, mientras que una quinta persona falleció durante el traslado a un centro asistencial. Los autores permanecieron apenas dos minutos en el predio antes de darse a la fuga.

Las indagatorias establecieron que el móvil del crimen habría sido una disputa ocurrida aproximadamente una semana antes entre uno de los fallecidos y un hombre de la zona. Para el esclarecimiento del caso, resultaron fundamentales el análisis de las cámaras de videovigilancia, las pericias biológicas y balísticas, y las autopsias correspondientes.

Un elemento determinante fue el análisis de un teléfono celular incautado durante los procedimientos. En el dispositivo se encontraron conversaciones donde el adolescente reconocía haber participado en la matanza y manifestaba haber recibido dinero por cometerla. Además, se hallaron registros fotográficos de las armas y vehículos utilizados, que coincidían con la descripción de los hechos.

Finalmente, mediante un proceso simplificado y tras el acuerdo de las partes, el adolescente admitió su autoría ante la Justicia. Se dispuso como sanción una medida socioeducativa privativa de libertad de seis años, que deberá cumplir internado en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA).

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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