A través de Facebook y en conferencia, el Frente Amplio (FA) emitió este miércoles una declaración en la que señaló que «el Gobierno eligió gobernar en soledad, sin diálogo democrático, en particular sin diálogo con la oposición, que representa a la mitad del electorado en las pasadas elecciones nacionales».

Javier Miranda, presidente del FA, inició la conferencia con una evaluación del primer año de gobierno de Luis Lacalle Pou. Allí, el dirigente señaló que las autoridades no dialogaron con la oposición ni siquiera «en el marco de una crisis sanitaria, donde resulta clave la unidad nacional».

«El Gobierno es conducido por un sector de un partido político que, convencido en su vanidad, no escucha ni contempla las propuestas ni de la oposición ni aún de sus socios de coalición. Esto define la soberbia de un Gobierno», expresó Miranda según recoge la crónica de Montevideo Portal.

Por su parte, consideró que el FA «estableció un funcionamiento de oposición firme ante políticas que perjudican a las grandes mayorías del país».

Miranda aseguró que el FA conformó una «oposición honesta» y «propositiva», ya que se «tendió la mano para el diálogo y el intercambio».

En este sentido, expresó que el FA «sabe reconocer que durante muchos meses hubo un relativo control de la situación sanitaria derivada de la pandemia», y eso obedeció en gran parte «a las políticas implementadas» por las autoridades, aunque «se debió también, y tiene que ser igualmente reconocido, a la conducta de los uruguayos».

Por otro lado, Miranda afirmó que «la situación de relativo control fue posible gracias a las fortalezas heredadas, fortalezas en la red de protección social, fortalezas financieras, a la solidez de un sistema de salud y de trabajadores de la salud, a las fortalezas en ciencia y tecnología».

«Sin embargo, a diferencia de lo hecho en materia sanitaria, donde el Gobierno demostró apertura al conocimiento científico, la respuesta ante las crisis económica y social quedó atrapada en la ortodoxia ideológica del Gobierno», afirmó el presidente del FA.

Así, aseveró que la política que predominó fue «la del ajuste fiscal», de «recorte de políticas públicas» y «reducción de la participación del Estado».

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Miranda consideró que la respuesta del Gobierno ante la emergencia económica y social «ha sido definitivamente insuficiente», ya que hubo «insuficiencia de políticas de protección social, de empleo, de reactivación económica y de apoyo a pequeños y medianos empresarios».

«La crisis ha sido mal evaluada por el Gobierno y sus proyecciones son inconsistentes. Las políticas llevadas adelante por el Gobierno conducen a la caída de salarios y jubilaciones, así como a la pérdida de puestos de trabajo», dijo.

«Se destruyeron 60.00 puestos de trabajo en un año. En un año se cerraron 10.000 micro y pequeñas empresas. La pobreza aumentó en 100.000 personas. No son números, son seres humanos, personas de carne y hueso, historias de familia. Esa es la realidad detrás de estos números de esta crisis», continuó.

Además, Miranda expresó que «la escasez de esfuerzo del Gobierno» fue la que llevó a la actual situación, y afirmó que «no todo es culpa de la pandemia».

Miranda expresó que los trabajadores y los jubilados, así como los pequeños y medianos comerciantes, son los que al fin de cuentas «pagan el ajuste impuesto por el Gobierno».

«¿Estaba bueno cambiar?», preguntó Miranda. «¿En qué quedaron las promesas electorales de baja de impuestos y de no aumento de tarifas? Se aumentó el IVA, el IRPF, el impuesto de seguridad social, se aumentaron las tarifas públicas y más de una vez y por encima de la inflación. ¿Qué fue de la promesa de la construcción de 50.000 viviendas? ¿Y qué pasó con los 136 liceos modelo publicitados en la campaña electoral por la coalición? Nada. Se redujeron a un modesto plan de 12 centros educativos».

El presidente del FA aseguró que «se perdió un año», ya que «recién ahora algunos socios de la coalición de gobierno empiezan a reclamar medidas que el FA propone desde marzo de 2020».

Miranda afirmó que, de haberse aplicado las medidas propuestas por el FA durante 2020, «no cabe duda» que «otra sería la situación del trabajo, salario y desarrollo social y económico».

 

EL DOCUMENTO

Balance del 2020:
principales temas y posicionamiento del Frente Amplio
1. Un Gobierno sin diálogo.
a. Ignorar a la oposición y polarizar. El Gobierno optó por ignorar a la oposición
y, con ello, a la mitad del país que esta fuerza política representa. Despreció la
mano tendida y desestimó toda instancia de diálogo democrático. Por el
contrario, eligió el camino de la confrontación y eludió el debate amplio en
instancias parlamentarias. Con el agravante de hacerlo en tiempos de
pandemia, cuando es clave la unidad nacional.
i. El Frente Amplio presentó propuestas desde marzo 2020 que no fueron -en
su inmensa mayoría- ni consideradas, ni respondidas, ni implementadas.
Cabe destacar, además, la lealtad institucional del Frente Amplio (votó la
mayor parte de los proyectos vinculados con la pandemia en tiempo récord)
y el papel activo de las intendencias frenteamplistas.
ii. El FA ofreció ideas, colaboración y diálogo.
iii. El Gobierno construyó un relato negando los logros de los gobiernos del
Frente Amplio. Culpó a la principal fuerza política del país de todas sus
limitaciones presentes y justificó en la herencia sus políticas antipopulares.
Sin embargo, contó éxitos y fortalezas heredadas al inversor extranjero.
iv. El Gobierno procuró polarizar la sociedad, entre otros mecanismos, a
través de la publicitación de supuestas irregularidades a investigar
mediante innúmeras auditorías, intentando generar escándalos; por el
momento, todos estos anuncios resultaron irrelevantes.
v. El Gobierno es conducido por un sector de un partido político que,
convencido en su vanidad, no escucha ni contempla las propuestas de la
oposición ni, aún, de sus aliados coyunturales. Eso define la soberbia de un
gobierno.
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b. El costo de gobernar la coalición. El Gobierno pagó carísimo el precio de la
gobernabilidad de coalición. El ejemplo más claro es el entorpecimiento de la
Justicia, con la negativa al desafuero de Manini Ríos.
c. Un Frente Amplio honesto y firme. El Frente Amplio definió un
posicionamiento de oposición firme ante las políticas que perjudican a las
grandes mayorías de la población, pero también de oposición honesta,
particularmente en el contexto de una pandemia que es enemiga de todas y
todos.
2. Pandemia: salud, crisis y respuesta de política económica y social.
El estado de relativo control de la pandemia que reinó por varios meses, no es el
resultado exclusivo de la gestión del Poder Ejecutivo. Se debe también a la
conducta del pueblo uruguayo y a las fortalezas que heredó. En particular, las
fortalezas de la red de protección social, las fortalezas financieras y en ciencia y
tecnología, el desarrollo de las plataformas de comunicación digital y un sistema de
salud sólido.
A diferencia de lo hecho en materia sanitaria, donde el Gobierno mostró apertura al
conocimiento científico, en la respuesta económica y social a la crisis se encerró en
su ortodoxia ideológica.
La única política fue y es el ajuste fiscal y el recorte de políticas públicas y de
participación del Estado.
a. Ortodoxia neoliberal. La ortodoxia neoliberal se ha manifestado, entre otros
aspectos, en los siguientes:
i. Una concepción que propone menos Estado como sinónimo de Estado
eficiente.
ii. La explícita intención de favorecer al “malla oro” y aliviarlo del “lastre” del
Estado, bajo la (vieja y comprobadamente falsa) idea de que su beneficio
derramará en mejora de la distribución para toda la sociedad.
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iii. El debilitamiento de las empresas públicas, a las cuales se les recorta su
accionar y su capacidad de competir.
iv. Se insiste con que bajando salarios se recuperará el empleo.
v. Se intenta restablecer la “patria financiera”, erosionando la reputación de
transparencia del Uruguay.
b. LUC y Presupuesto: legislación regresiva. La “Ley de Urgente Consideración
(LUC)” y Ley de Presupuesto son leyes negativas y regresivas. Por un lado, no
tienen en cuenta la pandemia y la consecuente crisis económica y social que
cambió todo. Al mismo tiempo, definen un perfil desestatizador, con fuerte
concentración de los recursos y del poder, claramente antipopular.
i. La LUC consagra la rigidez de un programa de gobierno pre pandemia,
que caducó antes de empezar. Por otra parte, es cuestionable la «nueva
modalidad» de gobernar con urgencia: sin debates profundos, sin
verdadera participación de la sociedad y sin los tiempos necesarios. Ello
constituye una mala señal para la deliberación ciudadana y un peligroso
precedente, que deteriora la calidad de la democracia.
ii. El Presupuesto definió para 2021 un gasto muy por debajo del ejecutado
en 2019. En especial, afectó a los organismos de salud, educación,
ciencia y tecnología y a la inversión en vivienda. Para el final del
quinquenio, proyecta un gasto público de un 2,4% menos en relación al
PBI. En definitiva, el achique del Estado, sobre todo en lo social.
c. Insuficiencia de la respuesta a la crisis. La respuesta a la crisis ha sido
definitivamente insuficiente. Se ha caracterizado por una apuesta excesiva al
mercado y la insuficiencia de políticas de protección social, de empleo,
reactivación y apoyo a pequeños empresarios. En el mundo la tendencia ha
sido a la expansión del gasto, a una política fiscal expansiva, que se expresa en
que a nivel promedio mundial el déficit fiscal aumentó 8 puntos -de 3,8 a 11,8%
sobre PBI- y, en los países similares a Uruguay, el aumento fue 5,5%. No se
está planteando aquí que el gasto se debe incrementar en esos órdenes de
magnitud, debido a las fortalezas heredadas. No obstante, un aumento de solo
el 1,4% luce extremadamente bajo. Obsérvense algunos datos:
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i. El Gobierno anunció que el impacto fiscal de la pandemia fue de U$S
711 millones, un 1,3% del PBI.
ii. Allí se incluyen US$ 213 millones que corresponden a la caída estimada
de la recaudación del BPS por las personas amparadas por el seguro de
desempleo y de enfermedad. Si bien ello implica un costo fiscal asociado
a la pandemia, no significa una medida de apoyo a algún sector, ni
implica gasto alguno.
iii. Por ende, en términos del gasto propiamente dicho, éste fue de U$S 498
millones, esto es, aproximadamente, el 0,9% del PBI.
iv. A modo de ejemplo, considérese tres componentes de ese gasto:
# El gasto en protección social propiamente dicho fue del orden de
U$S 144 millones (0,26% del PBI); en promedio, representó $ 769 por
mes y por persona asistida.
# El refuerzo de ASSE fue de unos U$S 25 millones. Ello representa un
2,5% de aumento de su presupuesto. Sin embargo en 2020 ocurrió la
pandemia, con nuevas necesidades sanitarias y, además, hubo un
aumento de sus usuarios del orden de los 90 mil, lo que representa un
7,7% de incremento. O sea, el gasto por usuario en pandemia bajó un
15%.
# Los subsidios a artistas, autores y guías turísticos y el subsidio a los
monotributistas, totalizaron US$ 7,7 millones, resultado de otorgarles,
durante dos meses, $ 6.000 a cada uno.
v. El Gobierno menciona, como parte del esfuerzo económico, la cifra de
US$ 506 millones correspondiente a garantías de crédito otorgadas por
el SiGA. Es claro que estas garantías facilitan el acceso al crédito, pero
quienes otorgan los créditos son las instituciones financieras, por lo que
no implica ningún desembolso de dinero por parte del Gobierno. Es falso
decir que es un gasto para combatir la pandemia.
vi. Tanto el dato de impacto fiscal de 1,3% sobre PBI, como el gasto
propiamente dicho de 0,9% de aquel, nos deja muy mal parados en
cualquier comparativo internacional; somos de los países que menos
recursos hemos volcado para combatir la pandemia.
vii. Al mismo tiempo el ajuste, además de no tomar en cuenta los impactos
de la pandemia, fue contrario a las necesidades básicas de una
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economía en crisis. En particular, la inversión pública, un fundamental
factor dinamizador, cayó 7,7%.
d. Crisis mal evaluada y proyecciones inconsistentes. Se subestimó la
magnitud de la crisis y las proyecciones son inconsistentes.
i. El Gobierno, durante toda la discusión presupuestal, proyectó una caída del
PBI para 2020 de 3,5%. Ahora reconoce que esa caída estará en el
entorno del 6%.
ii. En el Presupuesto se previó un crecimiento para 2021 de 4,3%; ahora el
Gobierno lo estima en 3,5% (manteniéndose, igualmente, por arriba de la
mediana de la encuesta de expectativas del BCU, que se ubica en 3%).
e. Caída del empleo, los salarios y las jubilaciones. Las políticas llevadas
adelante por el Gobierno conducen a la caída de salarios y jubilaciones, así
como a la pérdida de puestos de trabajo.
i. Se destruyeron 60.000 puestos de trabajo en un año. Se cerraron más de
10.000 micro y pequeñas empresas.
ii. Buena parte de las medidas de ajuste fiscal se basaron en la pérdida de
salario real de los trabajadores, por su impacto directo a través de los
salarios públicos, e indirecto por el efecto arrastre hacia las jubilaciones y
pensiones.
iii. Al mismo tiempo, en el sector privado, más allá del correctivo que venía del
convenio del gobierno anterior, el aumento salarial en julio de 2020 fue
cero. En 2021, con una inflación prevista de 6,9%, el aumento salarial
público será de 4,41% y en privados no llegará a 4%
iv. Por ello, durante 2020, la caída promedio del salario real fue de 1,7%, en
tanto que en el acumulado 2020 – 2021 se espera que la caída del salario
real supere el 4%.
Una vez más, trabajadores y jubilados, pequeños empresarios y comerciantes,
pagan el ajuste.
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3. Incumplimiento de promesas de campaña electoral.
Durante la pasada campaña electoral, tanto el sector preponderante en la actual
coalición de gobierno, como sus socios, prometieron a la población, para captar su
voto, no aumentar las tarifas públicas, no aumentar los impuestos, realizar un
fuerte impacto en materia de vivienda, así como llevar adelante un ambicioso
programa de unidades modelo para la enseñanza secundaria.
La realidad del primer año de este Gobierno de coalición, rápidamente, se ha
encargado de desmentir con hechos estas promesas electorales:
a. Se llevó adelante más de un aumento de tarifas, incluso por encima de la
inflación.
b. Hubo un significativo aumento de impuestos para la enorme mayoría de la
población:
i. Aumento del IVA que pagan transacciones electrónicas y con tarjeta de
débito.
ii. Aumento real del IRPF y del IASS, rebaja real de asignaciones familiares
y jubilaciones y pensiones mínimas (al cambiar el criterio de ajuste de la
BPC).
iii. Simultáneamente, en la Ley de Presupuesto, se implementó una rebaja
tributaria para las grandes empresas y los propietarios de la tierra (IRAE
e Impuesto al Patrimonio).
c. Tempranamente el Gobierno dejó por el camino la promesa de construcción
de 50 mil viviendas. El 19 de abril de 2020, en entrevista con El País, la
Ministra de Vivienda afirmaba que el objetivo de su cartera era la construcción
de 50 mil viviendas; el 23 de octubre del mismo año, en Canal 4, afirmaba que
eso fue dicho como “algo para mostrar lo que habría que hacer”.
d. La reiterada promesa electoral de la creación de «centros modelo de
educación media en barrios vulnerables de todo el país», ha quedado en eso,
en sólo una promesa electoral. La Directora Sectorial de Planificación Educativa
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del CODICEN, en declaraciones recogidas por la prensa el pasado 2 de enero,
al tiempo de anunciar un modesto plan de 12 centros educativos de enseñanza
media, desestimó aquel proyecto de creación de 136 liceos modelo.
4. Más allá de la pandemia: ausencia de una agenda de desarrollo.
La única propuesta, aún en plena pandemia, parece ser la del ajuste y el
austericidio. No hay un solo plan de crecimiento y desarrollo presentado. Amplios
sectores empresariales empiezan a manifestar desconfianza ante la ausencia de
propuestas políticas consistentes en ese sentido, para hacer frente a los desafíos
de la productividad, de la competitividad, del desarrollo científico y tecnológico.
a. ¿Estaba bueno cambiar? Sin nuevas políticas, sólo con recortes, ¿dónde está
el cambio publicitado en campaña? Las interrogantes se acumulan y hay
ausencia de respuestas consistentes.
i. Educación: ¿cómo se va a combatir la deserción en secundaria? ¿Cómo
se van a relacionar las autoridades con los docentes? ¿Dónde están los
liceos prometidos por Talvi? Lo concreto hoy es la caída de salario y la
reducción de horas docentes, el recorte de su participación, la eliminación
de los consejos desconcentrados, la supresión de programas y el
incumplimiento de la promesa de equipamiento edilicio.
ii. Protección social: ¿cuáles son los nuevos programas para apoyar a los
más vulnerables? Por ahora, lo único nuevo son anuncios de auditorías,
renuncias de jerarcas y creación de cargos de confianza. Y,
adicionalmente, el recorte y debilitamiento de programas claves (más en
tiempos de pandemia) como el Sistema de Cuidados.
iii. Salud: recortes en ASSE en plena crisis sanitaria y ausencia de plan de
contingencia para todas las áreas no Covid.
iv. Ciencia, tecnología e innovación: más allá del discurso, ¿dónde quedó el
apoyo a la ciencia? La realidad muestra una política de recorte al sistema
de ciencia, tecnología e innovación, comprometiendo cargos de
investigadores, becas de formación de posgrados y proyectos. El reciente
recorte brutal a la ANII es expresión de esta tendencia. Científicos que han
sido sostén fundamental de la política de enfrentamiento a la pandemia,
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que han colaborado activamente con el Gobierno, han debido salir a la
opinión pública a denunciar los perjuicios de este ajuste. Este enfoque
desprecia el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación para el
desarrollo del país. No hay futuro sin ciencia, sin tecnología, sin innovación,
aplicadas al desarrollo humano, social y productivo.
v. Política de género: ¿cuáles son los cambios, las prioridades? Luego de 15
años de mejoras evidentes, ¿qué se va a hacer en materia de asimetría
salarial, desempleo, precarización, violencia, acceso a la justicia? Se
retrocedió en materia de asignación presupuestal y en la participación de
la sociedad civil organizada en el monitoreo de políticas de género.
b. Inserción internacional a la deriva. Hay ausencia total de estrategia en la
materia. Después del caricaturesco entierro de la “Diplomacia 5.0”, apenas se
ha insinuado una improvisada diplomacia presidencial, que expresa un
preocupante alineamiento con las tendencias más conservadoras y
reaccionarias. Ejemplo de ello son las coincidencias con Bolsonaro y con
Trump, la ruptura con la tradición diplomática uruguaya a la hora de votar el
nuevo Secretario General del BID. La incertidumbre en esta materia se expresa
también en los recortes presupuestales y de competencia a una agencia
fundamental como ha sido Uruguay XXI.
c. Cultura y turismo ignorados. Son estos dos sectores particularmente
golpeados por la pandemia. ¿Qué políticas se han implementado para su
sostenimiento? Más allá de algunos anuncios aislados, la realidad es que estos
dos sectores han sido sustancialmente ignorados por las políticas públicas.
5. ¿Y hacia adelante?
Se perdió un año. Recién ahora, algunos de los socios de la coalición de gobierno
empiezan a reclamar medidas que el Frente Amplio propusiera desde marzo de
2020 y durante todo ese año. Son los mismos, por cierto, que hace poco más de
dos meses votaron y defendieron un presupuesto de recorte y ajuste.
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El 31 de marzo de 2020, el Frente Amplio presentó un “Plan de Contingencia
Sanitario, Económico y Social” en el que, además de evaluar la situación de la
emergencia sanitaria, se planteaban tres objetivos centrales para la política
económica y social, así como un conjunto de propuestas específicas para avanzar
en ellos:
1. Preservar el empleo y el aparato productivo, con foco en las micro, pequeñas y
medianas empresas y en los sectores más afectados -como el turismo, el comercio
y los servicios- con medidas de alivio tributario y financiero.
2. Evitar el aumento de la pobreza y la desigualdad, con medidas específicas en
materia de ingresos, transferencias, vivienda, salud y precios de productos básicos.
3. Prepararse para el día después, fomentando condiciones de crecimiento, con foco
en la estabilidad macroeconómica y en medidas de gasto e inversión pública.
No cabe duda que si esas medidas se hubieran implementado en aquel momento, otra
sería la situación económica y social de nuestro país.
En mayo pasado, un grupo coordinado por el ex Presidente Tabaré Vázquez, junto a los
compañeros Ricardo Ehrlich y Miguel Fernández Galeano, presentó al Frente Amplio y a
la ciudadanía, una “Propuesta para un plan estratégico nacional en respuesta al
impacto de la pandemia”. En él, sobre la base del análisis de tres escenarios, se
propusieron medidas de mediano y largo plazo para diferentes áreas de la política pública.
Tampoco este aporte fue tomado en cuenta por la gestión del Gobierno.
En diciembre de 2020, ante la ausencia total de gestos de diálogo del Gobierno, el
Frente Amplio volvió a presentar una serie de propuestas, construidas sobre la base del
documento de marzo, agrupadas en ejes prioritarios. Volvemos a insistir en ellas, con el
ánimo de seguir contribuyendo, responsablemente, a orientar una gestión pública que
atienda, efectivamente, a las necesidades de la población, en particular en la actual
situación de crisis sanitaria, económica y social.
Hoy el Frente Amplio presenta nuevamente (en documento adjunto) las propuestas ante
la emergencia para el primer semestre de 2021, estructuradas sobre 5 ejes:
1. Ingreso básico de emergencia.
2. Suspensión de los lanzamientos y cortes de servicio, diferimiento de
cuotas/vivienda y pagos de servicios para los sectores más necesitados.
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3. Seguros de desempleo.
4. Apoyo a las micro y pequeñas empresas.
5. Adelanto de la inversión pública y apoyo a la inversión privada en infraestructura y
vivienda.
Los anuncios del Presidente de la República ante la Asamblea General del día de ayer
confirman la insuficiencia de las medidas para atender la crisis social y económica. Se
anuncia que se volcarán menos recursos en el Fondo Coronavirus que lo gastado en
2020. Los adelantos realizados en materia de inversiones en infraestructura –que podrían
ir en la dirección correcta- han sido difusos y con un alto grado de incertidumbre en
cuanto a su composición y ejecución en el presente año.
Con esta perspectiva, se seguirán perdiendo puestos de trabajo y crecerán la informalidad
y la pobreza, con menos oportunidades para la infancia y la juventud. Si no se toman
medidas contundentes como las planteadas por el Frente Amplio, la reactivación
económica será tardía, débil e injusta.
Para finalizar, el Frente Amplio ratifica su plena confianza en el pueblo uruguayo, en su
organización y en las organizaciones sociales, para resistir los retrocesos que promueve
el Gobierno, así como para construir, colectivamente, la alternativa política para hacer
frente a los actuales desafíos nacionales y globales.
Montevideo, 3 de marzo de 2021