Antonio Buday, activista e integrante del Grupo de apoyo a familiares de detenidos y desaparecidos, tuvo a cargo la oratoria principal de este 20 de mayo en Florida. Allí detalló sobre los casos, procesos y la cuestionada responsabilidad del Estado.

“Hubo solo 45 procesamientos y muchos, fueron varias veces (los mismos). Es una magra actuación de la Justicia desde la causa contra Juan Carlos Blanco”, inició.

Repasó que desde 2011 a la actualidad, “el proceso se frenó”. “Y el aparato represivo del Estado se ha mantenido incólume y en harás de la integridad de este aparato, es que el Estado se retiró de la escena”.

Para explicarlo, Buday dio lectura a cada uno de los procesos y con detalles específicos comparó los delitos por los cuales hubo condena con los hechos sucedidos.

“Como se puede observar, todos estos represores han sido procesados por delitos menores a los que se cometieron y donde debería decir delito de lesa humanidad, se lee homicidio especialmente agravado o abuso de autoridad”, criticó.

Además, dijo que lo perpetrado es un operativo organizado en la instituciones del Estado “con el objetivo de amedrentar y aplastar a una clase social en nombre de la nación. No se trataba de crímenes pasionales o ajustes de cuentas entre narcos”.

Enfatizó también en la ausencia de Estado en el castigo de los crímenes de lesa humanidad. “Cuando hablamos de responsabilidad del Estado nos referimos a la omisión y el abandono por parte de las autoridades en el impulso procesal, al aporte de pruebas, la información en los juicios.

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Se han procesado militares según la voluntad de algunos jueces o de algunos fiscales.

No ha habido iniciativa por parte del Estado y todos estos procedimientos han ocurrido por la intensa actividad de las propias víctimas y en la acción de las organizaciones de derechos humanos”.

Por último, y citando lo anterior como evidencia, cuestionó: “¿Cuál debería ser nuestra conclusión? Si la responsabilidad es del Estado, si al Estado lo han gobernado todos los partidos que hoy tienen representación parlamentaria.

Y todos ellos sin excepción han sido parte en este proceso de omisión: ¿en manos de quien queda la responsabilidad de la lucha contra la impunidad? ¿En manos de quien queda la lucha por la verdad, es decir, por la apertura de los archivos de la dictadura? ¿En manos de quién queda la acción de juzgar, castigar y encarcelar a los genocidas?”