El documento advierte que el fenómeno se expande al interior del país y que en 2025 más de la mitad de los homicidios de menores ocurrieron fuera de la capital.

La fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, y la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos (UVyT) de la Fiscalía General de la Nación, Manuela Reguera, participaron este miércoles 14 de octubre en la presentación del informe «Violencia territorial y vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes». La actividad se desarrolló en la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).

El informe fue elaborado por un grupo de trabajo interinstitucional que integró la Fiscalía junto a organismos como el INAU, ANEP, ASSE, el Ministerio del Interior, el MIDES y la Suprema Corte de Justicia, además de organizaciones de la sociedad civil y UNICEF en calidad de observador. El documento analiza cómo la violencia en los territorios afecta no solo la integridad física, sino también el acceso a la educación, la salud y las posibilidades de desarrollo de niños y adolescentes.

Durante su intervención, Manuela Reguera advirtió que la violencia territorial es un fenómeno estructural y dinámico que se encuentra en expansión. En ese sentido, los datos del informe revelan que en 2025 el 53 % de los homicidios de niños, niñas y adolescentes en Uruguay se registraron fuera de Montevideo. La jerarca señaló que la problemática incluye situaciones de amenazas, reclutamiento y desplazamientos, factores que condicionan las trayectorias de vida y afectan la salud mental de los menores.

Uno de los desafíos destacados en la presentación es la fragmentación de las respuestas del Estado. El grupo de trabajo identificó cuatro momentos clave para la intervención: la prevención, la protección ante riesgos de vida, la investigación con acceso a la justicia y la reparación integral. Reguera enfatizó la necesidad de fortalecer la detección temprana, señalando que las instituciones suelen actuar principalmente después de ocurridos los hechos.

Finalmente, el informe propone el desarrollo de mecanismos de protección inmediata y una mayor articulación entre los organismos estatales y la sociedad civil. Se concluyó que la violencia territorial representa una vulneración de derechos que no puede abordarse únicamente desde una perspectiva de seguridad, sino que requiere una respuesta integral para proteger el presente y el futuro de las infancias y adolescencias.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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