“Hablamos de inversión social de dineros públicos que gastamos y que son nuestros impuestos al día para bancar una estructura que es lamentable y lo digo como ciudadano”, afirmó en las últimas horas a varios medios el edil Ignacio Costa Dodera, en un dura crítica al Ministerio de Desarrollo Social por la observación realizada por el Tribunal de Cuentas de la República.
El TCR objeta que la compra directa por unos US$900.000 de los servicios de la ONG Centro de Participación Popular y donde «la gran mayoría de sus integrantes técnicos» se desempeña en dicha secretaría de Estado.
El Mides sostiene que el Tribunal de Cuentas cometió un «error de interpretación» y, según indica en un comunicado, “ninguna de las personas contratadas es funcionario/a del Mides, sino que trabajan como personal dependiente de las instituciones privadas contratadas”.
“El vínculo se establece a través del convenio resultante del proceso de compra», indica la nota emitida por el ministerio.
Según el TCR “la mayoría de los integrantes del equipo técnico contratado desempeña tareas en el Mides, vulnerándose, por una vía oblicua, lo dispuesto por el artículo 46 del Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera) que establece como impedimento a efectos de contratar con el Estado el hecho de ser funcionario público o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza, dependiente de los organismos de la administración actuante».
Daniel Olesker, responsable de la cartera, fue llamado por diputada nacionalista Ana Lía Piñeyrúa a la comisión de Población de Diputados.
CRÍTICA. “Me llama la atención cuando algún colega del FA crítica (a nivel local) y después veo en lo nacional el nivel de despilfarro que en vez de invertirlo socialmente, los invierte para mantener una estructura política partidaria para las próximas elecciones”, afirmó edil nacionalista floridense, Ignacio Costa.
“Los resultados dicen que aumentó 10% la indigencia, confío en la honestidad de quienes manejan pero no se dan cuenta que aumenta un 10% la situación de vulnerabilidad”, dijo al canal local 22 (FTC).
Costa dijo que se invierten “casi un millón de dolares en contratar amigotes y más nada”.