El Rey busca amparo

El director del matutino ocupado emitió una carta que, al igual que algunas de sus declaraciones anteriores, vuelve a presentar los hechos desde una perspectiva diferente a la que sucedieron, y vuelve a acusar a sus empleados.

La carta se titula “la ocupación pacífica de El Heraldo” donde sostiene que se trató de “una ocupación llevada adelante por cuatro trabajadores que primero se amotinaron y luego utilizaron la fuerza para apoderarse del control del edificio que, evidentemente, no es el de la empresa”.

Sostiene que lo ocurrido el viernes 22 a la tarde “tras un incidente violento en el cual resulté lesionado” fue que “un grupo de trabajadores y extraños ocuparon el edificio de El Heraldo sin mediar trámite alguno por la fuerza y sin aviso”.

Llamativamente, presenta los hechos como “objetivos” y los describe en ítems:

“Fue ocupado por una minoría de trabajadores. Fue una medida sopresiva ya que no hubo ningún proceso de mediación previa en ningún ámbito”, dice en el primero obviando que existen las actas de intento de negociación ante el Ministerio del Trabajo y una en particular de desacuerdo.

A ello, justamente, agrega que “la medida fue aplicada de inmediato sin ninguna otra negociación”.

“Lo hicieron contra la voluntad del propietario que fue puesta de manifiesto y se apoderaron de instalaciones que no le pertenecen”, continúa.

Entonces, hace referencie a la ley: “El decreto 165/006 dice que la ocupación parcial o total de los lugares de trabajo, en cuanto modalidad de ejercicio del derecho de huelga, deberá realizarse en forma pacífica”, dice al obviar también que eso hacían los trabajadores cuando Riva se presentó provocando el incidente de violencia que motivó la presencia policial.

La constitución dice que los habitantes de la República tiene el derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad.

No puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieron conforme a las leyes que se establecieron de interés general”, se explaya después.

Riva expone además el video tomado por FloridAdiariO como una prueba de que la ocupación no fue pacífica, hecho que sí lo era hasta que llegó: “No fue una ocupación pacífica. Alcanza con ver un video colgado en YouTube y claramente hubo una conculcación”, señala a su criterio.

“Fuimos privados de la libertad de trabajo, de la libertad de empresa y el derecho de propiedad. Sin contar claro está, que también pusieron en riesgo la seguridad personal”, sostiene.

Acusa, una vez más que a partir de ese momento “los sindicalistas empezaron a utilizar bienes ajenos”, y que, además, “no permitieron ingresar al propietario ni se labró acta de ocupación”, lo cual se estaba realizando como inicio del proceso de ocupación.

Lo que sigue, es el texto completo de la carta pública enviada a varios medios por el director del medio, Álvaro Riva:

La ocupación pacífica de El Heraldo
Hoy, martes 26 de noviembre, El Heraldo habrá estado clausurado por tercer día consecutivo, tras una ocupación llevada adelante por cuatro trabajadores que primero se amotinaron y luego utilizaron la fuerza para apoderarse del control del edificio, que evidentemente no es el control de la empresa.
El hecho ocurrió el viernes 22 a la tarde, tras un incidente violento del que resulté lesionado. Un grupo de trabajadores y extraños ocuparon el edificio de El Heraldo sin mediar trámite alguno: por la fuerza y sin aviso.
Los hechos objetivos son los siguientes:
– Fue ocupado por una minoría de trabajadores.
– Fue una medida sorpresiva, no hubo ningún proceso de mediación previa, en ningún ámbito.
– La medida fue aplicada de inmediato, sin ninguna otra anterior menos dañosa.
– Fue usada como estrategia para forzarnos a una negociación desde posición de fuerza.
– Lo hicieron contra la voluntad del propietario –que fue puesta de manifiesto- y se apoderaron de instalaciones que no les pertenecen.
El Decreto 165/006 dice que “la ocupación parcial o total de los lugares de trabajo, en cuanto modalidad de ejercicio del derecho de huelga, deberá realizarse en forma pacífica”.
Contesta Santiago Pérez Del Castillo: “hablar de ocupación pacífica implica una cierta incoherencia porque no será pacífico ocupar un establecimiento en contra de la voluntad de quien lo dirige”.
La Constitución dice que los habitantes de la República “tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. No puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieron por razones de interés general”.
No fue una ocupación pacífica –alcanza con ver un video colgado en YouTube- y fue claramente una conculcación: fuimos privados de la libertad de trabajo, la libertad de empresa y el derecho de propiedad. Sin contar, claro está, que también pusieron en riesgo la seguridad personal.
A partir de ese momento los sindicalistas empezaron a utilizar bienes ajenos, no permitieron ingresar al propietario, ni se labró acta de ocupación, se omitió derechos (constitucionales) de los no sindicalizados ni de aquellos que, aun estándolo, pretendían seguir trabajando.
Se dice que la ocupación es una “extensión del derecho de huelga”. Esta ha sido, claramente, una ocupación sin huelga. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trabajadores de EL HERALDO realizaban sus tareas normales para la edición del sábado 23.
Es cierto que las ocupaciones son una aberración jurídica (son lisa y llanamente ilícitas). De hecho, el gobierno se cuida muy bien de prohibir las que ocurren en la administración pública y procede a evacuar sin más trámite que una llamada telefónica al Ministerio del Interior. ¿A qué atribuir esta doble moral o doble discurso?
Y la misma “fuerza política” que aplaude aquí y ahora, se cuida muy bien de aplaudir allí también, cuando los trabajadores son expulsados, por ejemplo de los liceos, por la fuerza policial.
Está claro que las ocupaciones causan un enorme daño a la economía nacional, al empleo, a la confianza de invertir y a la paz social.
El Heraldo se privará de percibir ingresos durante el tiempo que dure la ocupación, ve con incertidumbre su viabilidad y su futuro, los clientes que hoy reclaman el producto empezarán a perder interés y se pierden oportunidades de empleo.
Perdemos dinero y negocios, nos endeudamos, perdemos clientes y mercados al no cumplir con nuestros compromisos. ¿Quién pagará por esos daños? ¿Quién se hará cargo?
Las estadísticas cantan: las empresas que han sufrido esto suprimieron áreas y líneas de producción, redujeron puestos de trabajo y tuvieron serias dificultades para recomponer el clima laboral entre los ocupantes y no adheridos. ¿Cree alguien que luego de lo ocurrido el viernes, comeremos perdices y viviremos felices?
Imanuel Kant dice que el papel del derecho es garantizar la libertad. En este caso el derecho ha sido utilizado exactamente para lo contrario, para garantizar los excesos, la violencia, los exabruptos y la falta del más mínimo sentido de urbanidad.
EL HERALDO apelará a la Justicia. Pediremos el amparo para recuperar el control de la empresa que nos pertenece, que tienen 94 años en la familia y que ha sido el cobijo de decenas, tal vez centenares, de familias.
Lo hará convencido de que le asiste la razón, y porque hay decenas de otros empresarios y comerciantes, clientes, lectores, amigos… que esperan con expectativa que la prédica de tres generaciones sea congruente con la acción.
De rodillas, jamás.
Álvaro Riva Rey
Florida, martes 26 de noviembre