En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 7° Informe de Monitoreo de Amenazas a la libertad de expresión del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) indicó que entre el 1º de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021 se registró el mayor número anual de amenazas a la libertad de expresión de periodistas desde que se realiza el monitoreo.

Las conclusiones del informe indican la existencia de, al menos, 49 casos de amenazas a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay en seis de 12 indicadores analizados.

En este último período fueron los organismos del Estado nacional los responsables del mayor número de episodios, a través del Poder Ejecutivo (Presidencia y ministerios), entes y direcciones nacionales, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

A nivel departamental, fue Montevideo el que tuvo el número mayor de casos (9), mientras que Colonia, Cerro Largo, San José, Salto y Tacuarembó tuvieron uno cada uno.

La Restricción al acceso a la información fue la categoría que reunió más casos (30), mientras que Agresiones y ataques tuvo 8 episodios. Luego le siguieron el Marco jurídico contrario a estándares con 4, los procesos judiciales con 3, el uso abusivo del poder estatal con 2 y el Discurso estigmatizante con 2.

En el caso de la categorización por el sexo de las personas que sufrieron las amenazas, en 30 casos se afectó a periodistas varones, en 4 a mujeres y en 15 ocasiones el episodio tuvo impacto en equipos periodísticos o medios de comunicación. Dos de los casos que afectaron a mujeres periodistas, los ataques tuvieron claros componentes de género.

MÁS HECHOS RELEVANTES
El reporte da cuenta del estado de situación entre el 1° de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021, pero recientemente han ocurrido hechos que deben ser consignados.

La investigación y elaboración de este informe se desarrolló en un marco de creciente riesgo para la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación. Ese clima de hostilidad, muchas veces se traduce en agresiones a través de redes sociales, acusaciones de intencionalidad política, atribuciones de pertenencia a partidos o grupos de interés, entre otros ataques.

No obstante, es importante destacar que existen otras modalidades más graves, que provienen de figuras públicas, que acusan a periodistas cuando se realizan coberturas, se difunden noticias o se dan a conocer opiniones que no son de su agrado o conveniencia política.

El caso más preocupante de los últimos días es la desvinculación del coordinador del informativo Subrayado, de Canal 10, Eduardo Preve. Más allá de los motivos que puedan ser esgrimidos, el despido se enmarca en un escenario de reiteradas presiones de jerarcas del Poder Ejecutivo hacia periodistas y medios de comunicación.


Este no es el único caso que ha llegado a conocimiento de CAinfo, pero sería el primero en este período en el que la presión ejercida por los gobernantes tiene como consecuencia el despido de un periodista.

Son varios los derechos afectados en este episodio, no solo para el trabajador, sino también para el colectivo de periodistas, ya que este tipo de situaciones afecta el ejercicio profesional, y puede derivar en autocensura, al renunciar a la crítica y a la investigación sobre el ejercicio del poder por miedo a las consecuencias.

También adquirió amplia difusión pública la situación por la que atravesó el periodista Aldo Silva. El 17 de abril de este año, durante su programa en radio Sarandí se refirió a la forma de comunicar del gobierno las muertes por la pandemia. “Al presidente lo que pediría es que: ‘Si tenés 70 muertos, anuncialo vos. Anúncielo usted, señor presidente. Usted es el Presidente de la República’”.

El hecho generó fuertes críticas, entre ellos de varios integrantes del partido de gobierno y miembros de la coalición, así como pedidos de la adopción de represalias contra el periodista, la radio o el canal 12, donde conduce el informativo central.

Por su parte, el periodista Darío Klein, fue increpado también por haber realizado un informe para la cadena internacional CNN dando cuenta del aumento de los casos de Covid-19 en el país.

El ataque más violento en este caso provino de la cuenta de la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, quien sostuvo que la información era falsa y acusó al periodista de “traición a la patria”, y formar parte de un grupo de “miserables”.

Ese mismo tono fue usado por la legisladora en varios de sus posteos para atacar a otros periodistas por coberturas que la disgustan.

En su discurso de asunción , el Presidencia de la República, Luis Lacalle Pou, invitó a todos sus compatriotas a “trabajar por la libertad”, y mencionó particularmente “la libertad de criticar al Gobierno cuando se lo merezca”. En los casos mencionados ni siquiera se trató de una crítica, sino del ejercicio liso y llano de la libertad de expresión, de opinión, de prensa y de trabajo, tal como lo consagra la Constitución de la República en sus artículos 29 y 53, además de diversos compromisos suscritos por el país en el ámbito internacional.

La periodista Patricia Madrid, en tanto, ha sido blanco de mensajes agresivos recientemente. El último fue de un hombre que le envió una foto suya desnudo, con insultos con claros componentes de género.

El caso fue denunciado ante la Fiscalía. La situación de las y los periodistas del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) también ha sido particularmente grave. Además del anuncio de la no renovación de 40 contratos en el Canal 5 y las cuatro radios, quienes han conseguido mantener su empleo todavía sufren las consecuencias de la falta de pago del salario y otras obligaciones laborales, con el consiguiente perjuicio para ellos y sus familias.

Respecto a este caso, nunca fue debidamente aclarado el episodio protagonizado por el director del Secan, Gerardo Sotelo, y el presidente Lacalle Pou, quien el 11 de noviembre, durante la conmemoración de La Noche de los Cristales Rotos, realizó un comentario sobre el despido de 40 trabajadores. “Tenés que sacar a alguno más”, comentó Lacalle a Sotelo, según consignó El Observador .