El Tribunal de Apelaciones ratificó la medida cautelar por 150 días tras detectar riesgos de entorpecimiento en la investigación. Se valoró el contacto del hombre con un testigo y la retención de un celular clave para la causa.
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er. Turno confirmó la prisión preventiva para el hombre imputado por el siniestro de tránsito ocurrido el pasado 30 de marzo de 2026 en la ruta 56, en el departamento de Florida. En dicho episodio fallecieron cinco personas, lo que derivó en una imputación por cinco delitos de homicidio en régimen de reiteración real y a título de dolo eventual.
La resolución judicial ratifica la medida cautelar de 150 días que había sido solicitada inicialmente por la Fiscalía Departamental de Florida de 2º turno. A pesar de la apelación presentada por la defensa, el Tribunal consideró que existen elementos fundados para sostener que el imputado representa un riesgo para el normal desarrollo de la investigación.
Entre los argumentos destacados por la Sala, se señaló que el hombre mantuvo contacto con un compañero de trabajo que podría actuar como testigo en la causa. En dicha comunicación, el imputado le manifestó que “hiciera lo que pudiera”, expresión que fue interpretada como una forma de influencia, considerando además que el investigado desempeñaba un rol jerárquico como encargado del potencial testigo.
Asimismo, el fallo hizo hincapié en el manejo de un teléfono celular desde el cual se realizó la llamada al Servicio de Emergencias 911 tras el siniestro. Este dispositivo no fue incautado en el momento del hecho y permaneció bajo control del imputado durante varios meses, pudiendo ser incorporado a la investigación recién tras una orden de allanamiento.
Sobre este punto, el Tribunal realizó una distinción jurídica importante respecto al derecho a no autoincriminarse. Si bien se reconoce que nadie está obligado a aportar pruebas en su contra, la sentencia aclaró que dicho derecho ampara la pasividad del investigado, pero no la «retención activa» de elementos de prueba cuya relevancia es conocida.
Finalmente, la Justicia floridense desestimó la posibilidad de aplicar medidas alternativas, como el arresto domiciliario, al entender que no son suficientes para neutralizar los riesgos procesales detectados. La investigación del caso continúa adelante a cargo de la Fiscalía de 2º turno de Florida.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
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