La Dra. Victoria Abraham estableció condena para un funcionario penitenciario que fuese acusado por reiterados casos de abuso sexual contra dos privadas de libertad en agosto de 2019.

El imputado cumplía prisión preventiva a la espera de condena. 

Se trata del caso ocurrido en la cárcel chacra de la Unidad Nº19 de Florida. Allí, en el mes de agosto, se conocieron al menos dos presuntos casos de abuso sexual -detalle que se mantuvo- y que luego de la denuncia, se estableció que afectaba a dos privadas de libertad.

De acuerdo a la denuncia, las reclusas indicaron que el imputado se dirigía al pabellón femenino cuando se trasladaba otra custodia del lugar y allí obligaba a las mujeres a prácticas sexuales con él y entre las dos internas. 

Tras la investigación, y con una carpeta de varios elementos de evidencias, declaraciones de varias personas y detalles específicos, la Fiscalía a cargo de la Dra. Alicia Gómez, acusó por la presunta autoría de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados, lo cual se determinó en la sede judicial.

Además, la condena se agravó por su condición de custodia del imputado, como director de Seguridad de la unidad.

ABUSO AGRAVADO

Para las autoridades el hecho configuró un caso “muy grave”. Además de la investigación oficial, es dable recordar que las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación tomaron medidas y removieron al director de la unidad y el subdirector operativo (responsable de seguridad en el lugar entonces).

En los casos de abuso sexual y otros delitos, el Poder Judicial incorporó la declaración por cámara Gesell, la cual ya se utilizó en Florida en varias oportunidades.

Las víctima hicieron uso del dispositivo para refrendar sus dichos respecto del caso. La cámara de Gesell es una habitación especialmente acondicionada para desarrollar entrevistas por parte de un equipo técnico especializado a las víctimas de presunto abuso sexual. Está conformada por dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral, los cuales cuentan con un sistema de registro en audio y video de la entrevista y posee intercomunicadores para la interacción a ambos lados del cristal.

La investigación también sumó pericias psiquiátricas y/o psicológicas del imputado y de las víctimas.

(Abuso sexual).- El que por medio de la intimidación, presión psicológica, abuso de poder, amenaza, fuerza o cualquier otra circunstancia coercitiva realice un acto de naturaleza sexual contra una persona, del mismo o distinto sexo, será castigado con pena de ocho meses de prisión a seis, años de penitenciaría. La misma pena se aplicará cuando en iguales circunstancias se obligue a una persona a realizar un acto de naturaleza sexual en contra de un tercero.

La violencia se presume cuando el acto de naturaleza sexual se efectúa:

1. Con una persona menor de quince años. Esta presunción no regirá

si se tratare de relaciones consensuadas entre personas mayores

de doce años y no exista entre ambas una diferencia mayor a diez

años.

2. Con descendiente o persona bajo su cuidado o autoridad menor de

dieciocho años de edad.

3. Con persona que, por causas congénitas o adquiridas, permanentes

o transitorias, se halla, en el momento de la ejecución del acto,

privada de discernimiento o voluntad.

4. Con persona arrestada o detenida, siempre que el imputado resulte

ser el encargado de su guarda o custodia.

En los casos previstos en los numerales 1 a 4 precedentes, la

pena mínima se elevará a dos años de penitenciaría.

Artículo 272-BIS del Código Penal

CONDENA

La Fiscalía a cargo de la Dra. Alicia Gómez había solicitado una pena de 12 años de penitenciaria, pero ante el Juzgado a cargo de la Dra. Victoria Abraham la condena se estableció en ocho años de prisión de cumplimiento efectivo. 

Tal como se había solicitado, los delitos fueron el abuso sexual, agravado y especialmente agravado, por su calidad de funcionario de seguridad de la unidad. 

«Primero por la forma y luego por el hecho de ser funcionario», dijo la Dra. Gómez. 

Tanto Abraham como Gómez explicaron que la cámara Gesell fue clave como prueba anticipada, además de las pericias psicológicas realizadas a las víctimas así como un informe de la psicólogo que trabaja con la unidad de violencia y testimonios de funcionarios policiales, de una reclusa y de la actual directora de la unidad, Patricia Sienra, que realizó una investigación administrativa en el lugar. 

El imputado no aceptó los hechos, se descompensó durante la audiencia y debió recibir asistencia médica.