El funcionario de la Intendencia de Florida aceptó un proceso abreviado luego de admitir haber agredido a golpes de puño al inspector de tránsito municipal en un hecho ocurrido el pasado 25 de junio frente a la Escuela Nº 102 de la capital departamental.

El autor del caso, fue acusado de un delito de lesiones personales.

La agresión

Según surge de la investigación, el episodio ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana en la intersección de las calles Saravia y Michelini, cuando el inspector de tránsito Juan Viera cumplía funciones oficiales y se encontraba detenido sobre su motocicleta.

En ese momento, el implicado, quien también es funcionario municipal y se desempeña en el área de Vialidad, circulaba por el lugar conduciendo una retroexcavadora de la Intendencia. Allí detuvo la marcha del vehículo, descendió del mismo y se dirigió hacia el inspector.

Ambos mantuvieron una discusión por asuntos de índole personal. Instantes después, el imputado comenzó a golpear a la víctima con golpes de puño, provocando que incluso cayera de la motocicleta. Tras la agresión, el conductor volvió a subir a la maquina y abandonó el lugar.

Asistencia a la víctima

Según las imágenes, Viera logró reincorporarse y pedir ayuda. Las primeras personas en asistirlo fueron maestras y padres de alumnos de la Escuela Nº 102, ubicada a pocos metros.

Debido al abundante sangrado que presentaba en el rostro, el inspector ingresó al baño del centro educativo para higienizarse antes de recibir atención médica.

Posteriormente fue examinado por un médico de COMEF, quien constató un hematoma bipalpebral en el ojo izquierdo y heridas cortantes en ambos párpados.

Al día siguiente fue evaluado por el médico forense, cuyo informe concluyó que presentaba una lesión contusa orbitaria izquierda compatible con la agresión denunciada.

Admitió los hechos

Tras admitir los hechos, en el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa, el imputado aceptó la pena de siete meses de prisión.

No obstante, la sanción será sustituida por un régimen de libertad a prueba.

Como condición adicional, el funcionario tendrá prohibición de acercamiento y de mantener cualquier tipo de comunicación con la víctima durante todo el plazo de la condena, además de otras obligaciones.